Correa junta más totalitarios a su lado – 4pelagatos

Rafael Correa hizo escuela en el país político. Por eso hay avivatos de Pachakutik, de la ID (como Alejandro Jaramillo y Johanna Moreira) o independientes (como Virgilio Saquicela) que estrechan cada día más su alianza con el correísmo. Correa les enseñó que para ser políticos, manejar alegremente el erario, quitarse controles de encima y mantenerse impunes, hay que declararse enemigos de los medios de comunicación, controlar los que se dejan y perseguir al resto. Eso explica los 75 asambleístas que votaron este 21 de julio una reforma regresiva e incongruente, de la Ley de Comunicación. Que también había sido reformada por Lenín Moreno. El presidente Lasso ya anunció que la vetará, aunque no ha dicho si parcial o totalmente.

Reforma aprobada por 75 votos a la Ley de Comunicación 

¿Quiénes votaron por ella? En la lista están casi todos los que tienen problemas en la Fiscalía y en la Contraloría. O aquellos que buscan blanquear el expediente judicial de Correa, Glas, Mera, los Alvarado y demás compas de la Revolución Ciudadana. Así, esta reforma que partió del deseo del presidente “de botar al tacho de la basura de la historia” la ley mordaza de Correa, termina peor de lo esperado. No solo no depuró la tropa de demonios que dejó Moreno en la ley, sino que repuso literalmente párrafos completos de la ley original. Que Esteban Torres diga, como dijo ayer en mañana en Teleamazonas, que del nuevo bodrio aprobado hay un artículo que le hace ruido, -un artículo-, da la medida no solo de su superficialidad supina: revela su parti pris disimulado en contra de la total libertad de expresión. En su partido son legión. La prueba flagrante, como se vio anoche en la Sesión Solemne por los 487 años de Guayaquil, se llama Cynthia Viteri.

La ley aprobada mantiene el mecanismo controlador creado por el correísmo: un legislación que desconoce la autorregulación e incumple los protocolos internacionales. Un deseo implacable de censurar, de provocar miedo y castigar. Un ente destinado a esa tarea que en este caso -por inverosímil que parezca política y conceptualmente- es la Defensoría del Pueblo.

Aquí hay que recordar que Correa creía que él era el jefe de todo el Estado ecuatoriano. En ese sentido, es revelador el artículo 17, que reforma el artículo 25, y que dice textualmente: “El Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos, queda prohibida la difusión de toda información falsa”. Esa afirmación es propia de un Estado teocrático y solo puede ser refrendada por devotos de la tiranía. Si el Estado sabe lo que es la verdad y es su garante, es obvio que imponga, como lo hizo Correa con la Secom, una autoridad inquisidora para obligar a los medios a no salirse de su ortodoxia. Es inverosímil en una república laica tener una ley que dice que el Estado garantiza la verdad, como si en todo hubiera una verdad y la sociedad fuera una iglesia.

Nada extraño que esos adoradores del Estado totalitario hayan cambiado, en el artículo 21 que modifica el artículo 38, “los ciudadanos promoverán el desarrollo de veedurías (…), por “El Estado promoverá el desarrollo de veedurías”… O que hayan reemplazado a los ciudadanos que podían hacer parte de los “Defensores de Audiencias y Lectores” por burócratas de la Defensoría del Pueblo (artículo 34 que modifica el artículo 72). O que faculte a las funciones del Estado y a los gobiernos seccionales a crear medios de comunicación (artículo 37 que reforma el artículo 83), que son, en realidad, agencias de propaganda. La Prefectura de Pichincha es un claro ejemplo.

El nuevo bloque totalitario de la Asamblea no solo hace imposible el oficio periodístico: mantiene artículos que lo dinamitan en las propias redacciones. Un ejemplo: el artículo 10 que reforma el artículo 18. Bajo el paraguas “prohibición de censura previa” vuelve imposible el control de calidad de las notas periodísticas que en la redacciones se conoce como procesos de edición. Consiste en que un editor pide a sus redactores más datos, precisiones, mayor reportería, cambios en la arquitectura de la nota, más fuentes, mejor redacción… Otro titular. Los enemigos del periodismo, que piensan oponer redactores a editores como ya lo hizo Correa, quieren prohibir que “cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones” revise, apruebe o desapruebe los contenidos. Y así estos amantes de la censura dicen querer mejorar la calidad del periodismo en el país.

Es obvio que no quieren la verdad sino su verdad, no quieren buen periodismo sino propaganda y no buscan periodistas sino funcionarios a su servicio, como ya tuvo legiones Correa en su gobierno. Por eso quieren acabar lo que queda de periodismo en el país. Dos ejemplos más en el bodrio aprobado en la Asamblea. En la legislación de medios privados (artículo 42 que reforma el artículo 84) sólo figuraban aquellos con ánimo de lucro. Ahora incluyeron aquellos “sin finalidad de lucro”; es decir, todas las plataformas tecnológicas de comunicación. Y se mantiene y amplía el concepto de que un socio de un medio no puede tener más allá del 6% del capital social en una empresa. Si se une esto a la saña institucionalizada contra las empresas periodísticas, se entiende que el objetivo del bloque totalitario de la Asamblea es que el periodismo, independiente del Estado, desaparezca en el país.

No es nuevo: lo nuevo es que haya más corruptos -políticos corruptos- que ahora hacen equipo con aquel que se creyó dueño del Estado. Y de la verdad.

Foto: Asamblea Nacional. 

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