El hábeas corpus dejó de ser moda – 4pelagatos

Estos han sido excelentes tiempos para que mafiosos y delincuentes, algunos con vistosas hojas de vida, salgan de la cárcel en virtud de recursos de hábeas corpus. Lo hizo, entre otros, alias Rasquiña de los Choneros en junio del 2020; Abdalá Bucaram en junio del 2021 y su hijo Jacobo en noviembre de ese año; Jorge Glas el 10 de abril de 2022… Lo que alguna vez fue pensado como una legítima medida de protección constitucional se ha convertido en estas últimas horas en mala palabra: genera suspicacias e indignación.

La liberación de Jorge Glas marcó el cambio en la percepción de la gente. Su hábeas corpus concedido entre gallos y medianoche por el oscuro juez de Manglaralto, Diego Moscoso, activó las alarmas en la opinión pública y despertó la resistencia  frente a ese recurso. Que se le haya concedido a uno de los íconos de la cleptocracia correísta fue imperdonable para un importantísimo sector social. En ese ambiente se le negó el recurso a Carlos Pareja Yannuzzelli, detenido por escándalos de corrupción petrolera.

El repudio se aumentó con lo que vendría los días siguientes. El 20 de abril se produjo el caso de Júnior Roldán, cabecilla de los Choneros. El juez de Garantías Penitenciarias, Pedro Moreira Peña, le concedió un habeas corpus parcial ordenando que sea trasladado al hospital Abel Gilbert Pontón, en Guayaquil. Un día después, la jueza Érika Haydeé Moriel, asimismo y coincidentalmente de Manglaralto, concedió un recurso de hábeas corpus a un narcotraficante holandés que tenía alerta roja de la Interpol y un pedido de extradición hecho por su país.

Que estos casos hayan producido una reacción tan poderosa en la opinión pública, en contra de los órganos de justicia, provocó que las autoridades empezaron a moverse. Para comenzar, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, pidió al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía investigar a la jueza Érika Haydeé Moriel por la concesión del hábeas corpus para el holandés. La jueza no tenía la competencia para conocer el caso puesto que los Países Bajos habían hecho un pedido de extradición.

Saquicela ordenó nuevamente la detención del holandés y que se haga conocer lo ocurrido a la Fiscalía para que “se investiguen los presuntos delitos de delincuencia organizada, fraude procesal, asociación ilícita o cualquiera que hubiere lugar». Asimismo, pidió la suspensión de la jueza. De forma inmediata, también solicitó al Consejo de la Judicatura que suspenda a los jueces Diego Moscoso, que concedió la excarcelación de Glas, y de Pedro Moreira Peña, que cambió la cárcel por arresto domiciliario al cabecilla de los Choneros. Y pidió a la Fiscalía que investigue estos hechos.

El escándalo desatado por estos tres casos produjo una presión de la opinión pública tan grande sobre los responsables de la administración de justicia que el 24 de abril, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, enviaran una carta conjunta al presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, con el fin de que ese organismo precise algunos conceptos sobre el hábeas corpus que, según ellos, estaban permitiendo el abuso del recurso. «El hábeas corpus -dicen en la carta- constituye una valiosa institución jurídica que no puede ser pervertida en un instrumento para la impunidad del narcotráfico, la corrupción y el crimen».

En la carta, Saquicela y Fausto Murillo pedían tres cosas al presidente de la Corte Constitucional: que se aclare el alcance y se delimite el hábeas corpus para eliminar elementos discrecionales que den paso a abusos; que se anule la disposición jurisprudencia que impide iniciar procesos de prevaricato a los jueces que concedan el recurso, y, que se revisen los límites a las facultades disciplinarias del Consejo de la Judicatura en caso de negligencia manifiesta de un juez que conceda el recurso.

Hoy, Alí Lozada hizo público un video en el que manifestó la posición de los nueve jueces de la Corte Constitucional. Según él, la carta de Saquicela y Murillo es una «clara injerencia» en las competencias del organismo que dirige y advirtió que no contestarán la carta porque esa Corte solo se pronuncia con sentencias. En todo caso, al final del comunicado dijo que no serán indiferentes a la forma en que se están aplicando los recursos constitucionales de protección.

El presidente Guillermo Lasso también sintió el puyazo y quiso mostrar que le preocupa la situación: convocó a Saquicela, Murillo y a la Fiscal, Diana Salazar, para que se reúnan con él en Guayaquil y encontrar mecanismos para frenar el abuso de esta medida de protección. Si bien, no hubo resultados prácticos, lo cierto es que la reunión es una señal a los jueces, como todos los gestos anteriormente citados de Saquicela y Murillo, de que las autoridades estarán atentas a nuevos casos. De esa reunión salió precisamente la carta de Murillo y Saquicela a la Corte Constitucional.

En ese mismo contexto, hoy el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio pidió a la Contraloría que inicie un examen especial al patrimonio de los jueces Pedro Moreira y Diego Moscoso

En este panorama, con una opinión pública enfurecida a raíz de la excarcelación de Glas y los casos del holandés y del cabecilla de los Choneros y un aparato  estatal vigilante, que un tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena conocerá la apelación que SNAI hizo al hábeas corpus de Jorge Glas. Ese tribunal deberá pronunciarse en ocho días ya que hoy el juez Moscoso de Manglaralto (quizá sintiéndose observado en medio de tanto escándalo) negó el pedido de ampliación del recurso hecho por la defensa de Glas, en un evidente intento por ganar tiempo.

Si por por todo esto, éstos ya no son buenos tiempos para conceder recursos de hábeas corpus, no es descabellado pensar que no será nada fácil para un tribunal provincial ratificar el de Glas.

Foto: Twitter de Guillermo Lasso

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