El Super de Bancos es un peligro público – 4pelagatos

Como si le hiciera falta uno más, el Consejo de Participación Social y Control Ciudadano, Cpccs, creó un tumor institucional que, tarde o temprano, será un problema para el país. Se trata del nuevo Superintendente de Bancos. Raúl González Carrión, nombrado en medio de un proceso insólitamente torcido y pleno de irregularidades, asumirá dentro de poco uno de los cargos más delicados de la institucionalidad, a pesar de estar inhabilitado: tiene conflictos de interés y ocultó información para poder ser elegido. Es decir, mintió al organismo que lo nombró.

Carrión era liquidador de dos entidades financieras al momento de ser elegido: el Banco Territorial y la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Guayaquil. Es más González presentó la renuncia a la Mutualista el 20 de julio  cuando ya fue elegido y, de lo que se sabe, no ha sido aún aceptada por las autoridades de la actual Superintendencia de Bancos. “Pongo en su conocimiento mi renuncia irrevocable al cargo en mención, en razón de que he sido designado por parte del Cpccs como primera autoridad de l a Superintendencia de Bancos”. Algo similar ocurre con el Banco Territorial: la Intendencia Nacional de Bancos emitió un certificado el 18 de julio; un día antes de ser nombrado,  en el que aseguraba que González era, a la fecha, liquidador de ese banco. Eso significa que tenía dos funciones como liquidador al momento de ser nombrado, con honorarios que, de lo que se sabe, no están por debajo de los 4 mil dólares mensuales.  

Haber sido liquidador de una entidad financiera es, sin duda, motivo de conflicto de interés, más aún si esa gestión no ha sido auditada y evaluada por el organismo rector que, precisamente, es el que va a presidir en pocos días González.  No existe por ahora ni informes de su gestión hechos por él ni resolución de la Superintendencia sobre el tema. Resulta que será él mismo quien decidirá sobre su trabajo.

Pero sus problemas no terminan ahí: existe otro motivo que lo inhabilita de raíz para ejercer el cargo. González es gerente y representante legal de una empresa que tiene relaciones contractuales con el Estado y eso está prohibido en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público (ningún funcionario público puede tener contratos con el Estado) y es un dato que ocultó en su declaración juramentada al Cpccs. La Superintendencia de Compañías se negó a extender un certificado de “no tener procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado”, para la fecha en que el Cpccs lo nombró Superintendente.

González aparece como gerente y representante legal de la empresa RGPA Sciolli & Company S.A. que mantiene un contrato con Acerías Nacionales del Ecuador, de propiedad estatal. Este dato fue expuesto por Hernán Ulloa, presidente del Cpccs, minutos antes de que ese organismo lo nombrara. Si bien Ulloa votó en contra y advirtió de ese problema, no hizo nada para evitar la votación. Podía, al menos, haber suspendido la sesión hasta analizar mejor los antecedentes de González.Por ejemplo, los procesos pendientes planteados por clientes del Banco Territorial que se sintieron perjudicados por su trabajo. Ahora que es Superintendente, será él quien los procese. González será ser juez y parte.

La elección de González fue uno de los hechos políticos más extraños e insólitos de los últimos meses. A pesar de que estaba como segundo en la terna del Ejecutivo, fue apasionadamente promovido y defendido por el correísmo desde el mismo Cpccs y desde la Comisión de Transparencia de la Asamblea, presidida por la ficha del correísmo radical, Ferdinan Álvarez. González fue descalificado por el Cpccs y, al día siguiente, se reconsideró su caso de forma ilegal y elevado a la categoría de ejemplo por los correístas. Si bien la versión que salió de Carondelet es que González “se viró” luego de que la candidata que presidía la terna, Rosa Matilde Guerrero, fue descalificada, hasta ahora no se ha explicado cómo alguien conocido por su afiliación al correísmo fue incluido por el gobierno en esa terna. En su elección se rompió la mayoría anticorreísta que el Gobierno había logrado articular en ese organismo para evitar que esa corriente, aliada con el socialcristianismo, coloquen a funcionarios hechos a la medida de sus intereses, como el nuevo Contralor.

Que una persona elegida en esas circunstancias y con evidentes conflictos legales y de idoneidad, haya sido nombrada como la máxima autoridad controladora de la banca es un problema para la institucionalidad. Que haya mentido y que haya ocultado información, lo convierten en un peligro público como funcionario del Estado.

Foto: Cpccs

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