Glas es la maldita duda del gobierno – 4pelagatos

Con Jorge Glas de vuelta a la cárcel se podría pensar que el gobierno cierra su pasivo, en ese tema, con la opinión. Así han procedido algunos electores o fans del presidente, que se mostraron distantes y críticos tras la salida de Jorge Glas de la cárcel. Pero no todas las señales que sembraron la maldita duda, como dirían los poetas, se han desvanecido.

El pasivo arrancó por la penosa actuación del SNAI en la audiencia nocturna de Manglaralto donde el juez Diego Moscoso, sumando ilegalidades e irregularidades, decidió otorgar un habeas corpus a Jorge Glas. La lista de desaguisados es larga. Y dejó muy mal parado al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que debía responder por la actuación del SNAI y que, lejos de hacerlo, sumó interrogantes al expediente. Sus explicaciones, ante la Comisión de Fiscalización lo mostraron como un político experto en lavarse las manos y lavar la cara de su subordinado que no hizo objeción en una audiencia plagada de irregularidades. Posiblemente con su acuerdo.

El ministro de Gobierno no solo permitió que el SNAI cumpliera al pie de la letra lo dispuesto por el juez Moscoso sino que admitió que se aplicara con una celeridad inaudita. Glas salió mediante un documento que no estaba firmado por el juez ni llegó acompañado con la sentencia. Tampoco aludía a la causa que facultaba a que el ex presidente, con dos sentencias ejecutoriadas y un proceso en marcha, fuera puesto en libertad. Preguntar al juez y retrasar la salida hubiera sido lo correcto. Y como Jiménez no lo hizo, todo el gobierno quedó signado por la maldita duda de que las irregularidades de Manglaralto no eran cosecha solo del juez sino que hacían parte de un acuerdo político. El apoyo dado por el presidente a su ministro y al SNAI, cuyo representante -que se sepa- no fue sancionado, ancló sin remedio la maldita duda.

El retorno de Glas a la cárcel debía poner fin a esa desconfianza. No es el caso. La gran defensa del estado de derecho corrió por cuenta de la Procuraduría del Estado y también de la Fiscalía General de la Nación. El argumento central de la intervención de Íñigo Salvador fue decisivo: el SNAI carece de personería jurídica y la Procuraduría es la que representa y defiende los intereses del Estado. Al no haberla citado a la audiencia, el Estado quedó en indefensión. Conclusión: todo lo actuado en Manglaralto por el juez Moscoso que, además carecía de competencia en este caso, es nulo. De nulidad absoluta.

Dicho por el Procurador, repetido en los medios y proclamado en la Corte Provincial de Santa Elena, ese argumento fue contundente, como se lee en la sentencia, y los tres jueces revocaron el habeas corpus a Jorge Glas. Procuraduría y Fiscalía son organismos fundamentales en el Estado, pero no son el gobierno. Y aunque el presidente Lasso ha insistido en que no meterá la mano a la Justicia -acción que ningún demócrata podría pedirle u exigirle- hay márgenes de intervención, absolutamente lícitas, que su ministro de Gobierno ni siquiera evocó en estas semanas. La maldita duda lo signó y lo sumió en un silencio sepulcral nada aconsejable -y altamente cuestionable- para un cargo como el que ostenta.

Ahora Glas regresó a la cárcel. Pero no regresó “al Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi” como se lee en la segunda disposición de la sentencia de los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena. Que, además, dicen, en la disposición quinta, que su expediente debe ser remitido “a la Sala de Sorteos de Latacunga para que un juez de su competencia conozca y resuelva la causa”. Que Glas esté en la Cárcel 4 de Quito es una decisión política. Tomada, según se entiende, “por razones de seguridad”.

El hecho cierto es que Jorge Glas está, en términos legales, en otra competencia territorial que seguramente usará para su defensa. Esa es una ventaja que podría ser interpretada como un trato de excepción. Esos hechos mantienen abierto el capítulo político que atraviesa este caso, nutren la maldita duda y acarrean un alto costo para un gobierno que mantiene a un ministro bajo sospecha en la cartera de la política.

Jiménez prometió trabajar por la estabilidad del Ejecutivo. Pero alquilar la agenda del correísmo lo dejó parado en la vereda de las irregularidades que llevó, gracias a su inacción, a la libertad a Glas. Y, claro, los críticos del gobierno dijeron, no sin razón, que un ministro no actúa sin tener luz verde del presidente. Ese es el costo sin remedio de la maldita duda.

Foto: El Universo.

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