¿La Corte trazará las líneas rojas? – 4pelagatos

Los caminos conducen otra vez a la Corte Constitucional. Ella tendrá que zanjar el enredo creado alrededor del Superintendente de Bancos. Y que agravó la Asamblea al incumplir la decisión de la jueza Larissa Ibarra que dejó sin efecto la designación de Raúl González como nuevo superintendente de Bancos: lo posesionó con 70 votos.

Entretanto, el Cpccs tendrá que seguir adelante con el proceso -basado en el fallo de la misma jueza-  para designar a otro Superintendente. El presidente Guillermo Lasso ya envió la terna. Si no lo hace, el Cpccs estaría en la misma situación que la Asamblea y se expondría a que cualquier ciudadano interponga una “Acción por incumplimiento” ante la Corte Constitucional. Se puede recurrir a esta norma a pesar de que el fallo de la jueza fue apelado en la Corte Provincial del Guayas y, si ocurre, la Corte Constitucional tendría que dar prelación por ser un caso evidente de conmoción social. Lo tramitaría inmediatamente sin tener en cuenta el orden de llegada.

Pensar en lo que podría hacer la Corte Constitucional es otro par de mangas. Se trata de dirimir un asunto político (entre el Ejecutivo y la Asamblea) en el que hay un incumplimiento flagrante de una decisión legítima de autoridad competente. ¿Es polémico el fallo de la jueza Ibarra? Sin duda. En la Asamblea, el correísmo, el PSC y los independientes y renegados de PK y de la ID procedieron en forma consciente para desconocerlo. Mientras tanto, la Ley indica que ningún órgano ajeno al sistema judicial puede tener injerencia en las atribuciones de los jueces. El choque de trenes no puede ser más evidente y las dos decisiones que se han dado, en este caso, se neutralizan al punto de dejar en el limbo jurídico la entidad que supervisa el sistema financiero.

La Corte Constitucional podría tener la tentación de sacarle el cuerpo a este problema. Ojalá no vuelva a lavarse las manos como hizo con la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Una Ley parida sin recursos permanentes (es decir inconstitucional) y que una mayoría de magistrados, convertidos en activistas, dieron existencia mediante interpretaciones pintorescas.

Esta vez no se trata de tomar partido por el Ejecutivo o por la nueva mayoría de la Asamblea: se trata de volver a marcar la cancha en un país que ha perdido el sentido de los límites. Todo al parecer está permitido. Un juez, vendido o con dueño político, se cree autorizado a poner el país patas arriba. Eso pasó en Manglaralto. Políticos y delincuentes y políticos-delincuentes usan las acciones de protección para birlar procesos o burlar la Justicia. Jorge Yunda, Jorge Glas, Daniel Salcedo, Leandro Norero… recurren a esos mecanismos. No son los únicos. Lo han hecho autoridades como Fausto Murillo, presidente de la Judicatura. Y, luego, ¿puede la nueva mayoría de la Asamblea Nacional afirmar que nunca más tendrá en cuenta un fallo judicial si interfiere con sus decisiones? ¿Los asambleístas puede decidir motu proprio cuándo acatan y cuándo no la decisión de un juez?

Todas estas zonas oscuras, que retratan de cuerpo entero la inoperancia sobre todo del Consejo de la Judicatura, tienen que ser zanjadas porque, de lo contrario, el costo que paga el país se llama anomia. O anarquía. La primera en lo social. La segunda en lo político.

Marcar la cancha -en realidad recordar dónde jurídica y constitucionalmente están los límites de cada actor- es un ejercicio que se antoja urgente. No se trata, por supuesto, de invocar aquí la dictadura de los jueces. Sólo deben hacer su trabajo en forma oportuna y apegados al espíritu y al texto constitucional.

Resulta obvio que en un país donde los políticos (Yunda, Glas… la nueva mayoría de la Asamblea, el mismo gobierno) sucumben ante la tentación de interpretar los límites legales, la Corte Constitucional debe cumplir su deber resumido en su misión: “Garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales, mediante la interpretación, el control y la administración de justicia constitucional”. Eso es contrario a la anomia. Y a la anarquía.

Foto: El Universo.

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