Libre expresión, tema pendiente del país

Familiares y amigos del equipo periodístico de El Comercio protestaron por varias ocasiones, en Quito. Foto; EL COMERCIO

Daniel Romero.  Redactor (I)

En el último año, el presidente Guillermo Lasso ha ofrecido en al menos tres ocasiones desclasificar la información sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario EL COMERCIO. La última vez fue el pasado 8 de junio en una entrevista para la cadena internacional CNN.   

En marzo del 2018, el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  

Desde entonces, el caso no se ha esclarecido. El expresidente Lenín Moreno, tras la confirmación de asesinato, ofreció desclasificar la información. No lo hizo hasta el término de su mandato argumentando razones de seguridad.  
Este tema es uno de los tres sobre los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene reparos frente al manejo que les ha dado el Ecuador.

Así se registra en el Informe anual 2021 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que se difundió el pasado 2 de junio.  Los otros tienen que ver con el caso del informático Ola Bini.

Él enfrenta un proceso judicial por el supuesto delito de acceso no consentido a un sistema telemático. Los otros son por los ataques a medios de comunicación y periodistas del país.  

Nos faltan 3, sin desclasificarse

La CIDH señala que fue informada sobre el acto de perdón público a los familiares del equipo periodístico por parte de Gustavo Angulo Arboleda, alias ‘Cherry’.

Él, junto a alias ‘Reinel’, son los únicos sentenciados en Colombia por este caso.  

La misma CIDH reconoce que los familiares de las víctimas advirtieron que el acto estuvo lejos “de toda posibilidad de alcanzar memoria, verdad y justicia”.  

Incluso, en el documento se detalla que las tres familias cuestionaron que el discurso de alias ‘Cherry’ contradijo sus propias declaraciones, que constan en el expediente judicial.  

Ante la negativa del Gobierno pasado y actual, los familiares acudieron a la Corte Constitucional, en julio del año pasado para que se desclasifique la información del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe).
Sin embargo, hasta el momento tampoco ha existido una resolución en esa instancia.  

Lasso dijo a Fernando del Rincón, de CNN, que ha tenido otras prioridades pero que es partidario de que esa información se desclasifique. Para esto convocará al Cosepe, aunque no precisó fechas.  

En la Fiscalía hay varios casos abiertos al respecto

Entre ellos está el del mismo secuestro. Sin embargo, se mantiene en etapa de indagación previa. 
Ese tipo de medidas son importantes según el organismo.

Esto porque “la falta de sanciones a los responsables materiales e intelectuales de los homicidios, agresiones, amenazas y ataques relacionados con el ejercicio de la actividad periodística propicia la ocurrencia de nuevos delitos y genera un efecto de autocensura”.  

El informe hace un recuento sobre varios casos en los que se han registrado agresiones a medios y periodistas. Detalla que a comienzos del 2021 se observó un incremento de denuncias sobre ataques contra la prensa.

Estas incluyeron atentados a la vida e integridad, amenazas e intimidaciones, y señalamientos estigmatizantes por parte de voces oficiales o de liderazgos públicos.   Habla del asesinato de Efraín Ruales, un ataque a la periodista de Radio Sucumbíos, Marilú Capa Galarza, una agresión armada al periodista Calixto Zambrano, de Radio Eco FM Manabí, amenazas a Luis Eduardo Vivanco de La Posta, entre otros.  

La CIDH pide que se tome en cuenta que la libertad de expresión debe extenderse no solo a la información, sino también a aquellas que ofenden.


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