Una comisión especial se sumará a la Asamblea para investigar el paro indígena

Los 18 días de paralización dejaron pérdidas por alrededor de USD 1 000 millones al país, según balances del Gobierno. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Los hechos relacionados con la paralización ocurrida del 13 al 30 de junio pasado tendrán una nueva investigación, de manera paralela a la que ejecuta la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.

Esta vez, a la Defensoría del Pueblo le corresponde nombrar una Comisión Especial. Así lo dispuso el Legislativo mediante una resolución aprobada el 5 de julio.

El objetivo será “establecer la verdad, justicia y reparación para todas las posibles víctimas que muestran evidencias de eventuales vulneraciones a los derechos humanos y en consecuencia reconciliación nacional”, indica el texto impulsado por el correísmo.

El defensor del Pueblo, César Córdova, confirmó a EL COMERCIO que para esta instancia se contará con la cooperación de Naciones Unidas, y de universidades como la Central, de las Américas y Espíritu Santo de Guayaquil.

También serán invitados expertos de la sociedad civil como Luis Barrios y Billy Navarrete, del Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

“Ya están cursadas las invitaciones. Estamos esperando en estos momentos la aceptación formal para que se instale la comisión especial a trabajar sobre los instrumentos que la Defensoría del Pueblo está en la capacidad de entregar de todo lo sucedido en las manifestaciones de junio 2022”.

Habrá plazo de 90 días para la entrega del informe. Según Córdova, empezará a operar esta semana.

Otra investigación se realiza en la Comisión legislativa de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo y asambleístas del ala radical de Pachakutik. Su presidente, Fernando Cabascango (PK), señaló que tienen de plazo hasta el viernes 12 para entregar el informe para resolución del Pleno.

“Tenemos previsto aprobar el 10 de agosto, pero eso dependerá también de la información que nos puedan brindar las diferentes instituciones y organizaciones. De ser el caso haremos una valoración sobre una posible prórroga o no; todo depende de cómo avancen las entregas de la información”, señaló.

La mesa parlamentaria tiene como misión investigar “las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyan infracciones y los acuerdos establecidos entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y sociales”, según la resolución del Pleno.

Cabascango dijo que “el informe irá con enfoque de derechos, contra abusos de la fuerza pública”.

La investigación también abarcará las acusaciones del presidente Guillermo Lasso sobre un presunto financiamiento del narcotráfico al paro. En su comparecencia, la fiscal General, Diana Salazar, reveló que existen dos indagaciones previas al respecto.

“Son acusaciones graves, y eso puede cambiar el contexto del informe, en caso de ser cierto. Hasta ahora no hay pruebas en ese sentido”, sostuvo Cabascango.

Paola Cabezas (Unes) consideró como “graves” a las versiones del ministro del Interior, Patricio Carrillo, y del comandante de la Policía, Fausto Salinas, acerca de que no habría existido una orden expresa para la requisición de la Casa de la Cultura en el paro, y advirtió que esto podría causar “muchas dificultades” al Gobierno.

“Aspiramos a recabar un número importante de datos que también sirvan de sustento para el juicio político que ya va a empezar o que en este caso tiene que sustentarse, si es que se califica, en la Comisión de Fiscalización, en contra del ministro Carrillo”, manifestó.

En su comparecencia, que se dio por tres horas el miércoles 3 de agosto, Carrillo demandó que estas investigaciones se realicen con objetividad y defendió la actuación de la Policía en las protestas. Aseguró que los uniformados no usaron armamento letal o armas con perdigones. “Se debe hacer un análisis integral de lo sucedido”, remarcó.

Etapas

El paro tuvo una duración de 18 días y fue liderado por la Conaie y otras organizaciones indígenas.
Fiscalización. 

El 15 de junio, la Comisión de Garantías Constitucionales inició un proceso de control político sobre el despliegue policial en el paro.

Comparecencias

El Pleno dispuso la comparecencia de los ministros del Interior y de Defensa para que informen sobre los procedimientos y actuaciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el paro nacional.

Resolución

El 5 de julio, el Pleno aprobó un exhorto al Defensor del Pueblo para que constituya una comisión especial que investigue lo ocurrido desde el 13 de junio del 2022 en el marco del paro nacional.

Indagaciones

La Fiscalía General del Estado reveló el 30 de julio que realiza dos investigaciones previas sobre el presunto financiamiento del narcotráfico al paro.

Balances

87 detenciones que ocurrieron durante el paro son vigiladas por la Defensoría. En la Fiscalía hay dos indagaciones previas por supuesto financiamiento del narcotráfico al paro.

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